Todo lo que debes saber sobre la Ley del Comercio Electrónico

La Ley del Comercio Electrónico aparece en España para regular un tipo de modelo de negocio cada vez más popular y lucrativo. Las cifras no mienten: la facturación del comercio electrónico en España no para de crecer trimestre a trimestre. Según datos del Portal CNMCDATA, en el tercer trimestre de 2022 aumentó en un 28,8% interanual hasta alcanzar los 18.900 millones de euros y confirmando una vez más su escalada imparable de los últimos años. Pues bien, la Ley del Comercio Electrónico en España aparece así, como respuesta a la creciente importancia del comercio electrónico en la economía y la sociedad.  Por un lado, la posibilidad de realizar transacciones comerciales en línea ha llevado a una mayor comodidad y accesibilidad para los consumidores, así como a nuevas oportunidades para las empresas. No obstante, es importante reconocer los riesgos que pueden derivarse de esta actividad, así como los derechos que deben ser reconocidos para los ciudadanos. La analizamos. 

Qué es la ley de comercio electrónico

Cuando se habla de la Ley de Comercio Electrónico nos referimos, específicamente, a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, y sus posteriores anexos y modificaciones. Esta Ley 34/2002 surge para incorporar en el ordenamiento legislativo español la Directiva 2000/31/CE del Consejo y del Parlamento Europeo en la que se regulan determinados aspectos jurídicos de los Servicios de la Sociedad de la Información, en particular los relativos al comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico). Con su aparición, se trata de proporcionar un marco legal claro para las actividades comerciales en línea, facilitando la operación de las empresas y, a la par, ayudando a resolver disputas de manera efectiva. En este sentido, la ley conjuga la protección del consumidor y áreas como seguridad y protección de datos (en este sentido, en línea con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales), competencia leal y fiscalidad para las transacciones en línea, entre otras.

Quién está sujeto a la ley de comercio electrónico

La Ley del Comercio Electrónico en España se refiere a las personas, tanto físicas como jurídicas, que realicen actividades económicas por Internet u otros medios telemáticos (correo electrónico, televisión digital interactiva...), en general, cualquier servicio que se preste a petición individual de los usuarios (descarga de archivos de vídeo o audio...), siempre que represente una actividad económica para el prestador.  Todo ello, además, siempre que se entienda que el negocio está situado en España de acuerdo con las siguientes características: 

• La dirección y gestión del negocio está centralizada en España. 
• Posee una sucursal, oficina o cualquier otro establecimiento permanente situado en territorio español.

Además, la normativa establece que quedan sujetos a la ley los prestadores de servicios que se encuentren inscritos en el Registro Mercantil o en otro Registro público español en el que fuera necesaria la inscripción para la adquisición de personalidad jurídica. Quedan por tanto resueltas las dudas respecto a la utilización de uno u otro servidor: el hecho de que el servidor del negocio esté situado en otro país no implica que no se aplique la Ley del Comercio Electrónico en España. Además, si las decisiones empresariales del servidor se toman en territorio español, también el prestador se considerará como establecido en España. A su vez, la Ley del Comercio Electrónico se refiere a:

• Proveedores de servicios de intermediación.
• Empresas con un modelo de negocio ecommerce. 
• Ciudadanos que posean una página web en la que realicen ventas.

 

Cuándo puedo enviar comunicaciones comerciales

La Ley del Comercio Electrónico en España es específica respecto a la posibilidad de enviar comunicaciones comerciales con las siguientes condiciones:

• Las comunicaciones deben poder identificarse como comerciales. 
• La persona o empresa en nombre del cual se realiza la comunicación sea identificable.
• Solo cuando los usuarios lo han solicitado o autorizado de forma expresa previamente al envío. Este consentimiento debe haber sido informado, específico e inequívoco.
• Siendo los productos o servicios similares a los que el cliente ha adquirido en el pasado.
• Ofreciendo siempre al destinatario la posibilidad de oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales, tanto en el momento de recogida de los datos como en cada una de las comunicaciones comerciales que le dirija.

Existen otras garantías que asisten a los destinatarios, como es la obligación de consultar los sistemas de exclusión publicitaria (Lista Robinson) antes de realizar cualquier comunicación comercial. Aplican estas condiciones a las comunicaciones por email y equivalentes, incluyendo la mensajería de telefonía móvil. Por otra parte, se podrán realizar llamadas comerciales a personas de contacto que trabajen en una persona jurídica solo para relacionarse con la entidad y no con la persona a título individual y, también se podrán realizar llamadas comerciales a empresarios o profesionales liberales referidas a productos y servicios relacionados con su actividad empresarial o profesional, y no a título individual. Existen otros requisitos en la legislación española para realizar comunicaciones comerciales que es necesario tener en cuenta, como por ejemplo los incluidos en la Circular 1/2023, de 26 de junio, sobre la aplicación del artículo 66.1.b) de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones.

Cuáles son los derechos de los consumidores

Además de los derechos sobre comunicaciones comerciales que acabamos de citar, la ley del Comercio Electrónico en España se refiere también entre otros a los siguientes derechos de los consumidores:

• Derecho a que las transacciones y datos de los usuarios queden protegidos y seguros mediante protocolos de ciberseguridad adecuados contra el acceso no autorizado, la alteración o la destrucción de los datos.
• Derecho a conocer la denominación social de la empresa, incluyendo el número de Identificación Fiscal (NIF), domicilio y correo electrónico. Es decir, la empresa debe proporcionar datos que faciliten una comunicación directa y efectiva, como el número telefónico o fax. Si la empresa está registrada en el Registro Mercantil u otros registros públicos, también se deben incluir estos datos.
• Derecho a conocer de forma transparente y clara las condiciones de venta. Esto incluye el precio de los productos y los impuestos aplicables, además de la forma de pago, los plazos de entrega, las condiciones de devolución, las garantías y servicios postventa.

Si deseas emprender en el mundo del comercio electrónico, es fundamental que comprendas y respetes las normativas legales que rigen esta actividad, como la Ley de Comercio Electrónico y la normativa de protección de datos, que salvaguardan la privacidad y los derechos de los usuarios y clientes.  El cumplimiento adecuado de estas leyes no solo te permitirá operar legalmente y evitar sanciones, sino que también contribuirá a ganarse la confianza de tus clientes. Es esencial mantenerse actualizado con los cambios legales y adaptar constantemente tu negocio para garantizar una experiencia segura y transparente.