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Todo sobre la Ley de Contratos del Sector Público

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Todo sobre la Ley de Contratos del Sector Público

Si entre tus planes está el lograr una licitación, conviene que conozcas los aspectos básicos de la Ley de Contratos del Sector Público. Se trata de una norma con más de 250 páginas que detalla todas las condiciones en que debe darse la contratación entre sector público y una empresa privada y en BeeDIGITAL hemos querido resumirla.

Objeto de la Ley de Contratos del Sector Público

La actual Ley de Contratos del Sector Público se basa en la versión aprobada en 2017, y que desarrolla dos directivas europeas al respecto (Directiva 2014/25/UE y Directiva 2014/23/UE).

El objetivo de esta norma es generar un marco legal que garantice la viabilidad de las contrataciones entre sector público y privado. Esta versión de la ley ha trabajado en detalle para evitar posibles casos de corrupción. Por ejemplo, se ha prohibido aprobar licitaciones con empresas o personas condenadas por delitos de corrupción 

Así, supone un esfuerzo por multiplicar la transparencia de las administraciones públicas, siendo especialmente rigurosa en la regulación sobre cómo y dónde se harán públicos los datos de cada contrato. 

Entre otras medidas en este sentido, la norma hace obligatorio el dejar constancia de si ha intermediado la opinión de expertos para la licitación y qué ha justificado la adjudicación de la licitación, además del presupuesto con que se ha contado y los datos sobre las empresas a las que se ha adjudicado el proyecto.

A su vez, la ley define qué constituye un contrato: será el acuerdo entre dos entidades en el que existe un beneficio “directo o indirecto”. Se trata así de establecer una diferencia clara con los convenios, que presentan una normativa mucho menos estricta y que han sido objeto de polémica.

Tipos de contratos establece la Ley de Contratos del Sector Público

La Ley de Contratos del Sector Público regula las categorías de contratos que existen y asocia las obligaciones para cada una de estas categorías. 

  • Según el objeto, aparecen los contratos de servicios, de obras, de suministros, de concesión de obra y de concesión de servicios.

  • Según el valor del contrato, se distinguen las siguientes categorías: 

1. Los grandes contratos, que cuentan con importantes exigencias. Serán los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo valor sea igual o superior a 5.350.000 euros; mientras que los contratos de servicios y suministros se definen por tener un valor igual o superior a 139.000 euros (si lo adjudica la Seguridad Social, la Administración General del Estado o sus organismos autónomos) o a 214.000 euros (si lo adjudica cualquier otra entidad en el sector público).

2. Se consideran contratos menores aquellos cuyo valor sea menor de 15.000 euros en servicios o suministros y menor de 40.000 euros en contratos de obras. Estos contratos tienen menores exigencias respecto a la publicidad necesaria y no es necesario concurso, sino que simplemente se requiere presentar la factura, la justificación de la necesidad del gasto y su aprobación.

  • Según la tramitación, se establecen contratos por tramitación ordinaria, urgente (debe estar justificado y ser por razones de interés público) o de emergencia (se justifican por razón de catástrofes o amenaza a la seguridad nacional).

  • Según el tipo de procedimiento, los contratos más comunes incluyen abierto o concurso, abierto simplificado y negociado.

  • Los acuerdos marco. Se trata de una figura en la que se fijan las condiciones de la contratación durante un tiempo predeterminado (no mayor de cuatro años), durante el cual los organismos públicos contratan cuando les es necesario con las empresas que forman parte del acuerdo. Así, durante este tiempo se firman nuevos pactos a través del contrato directo o una nueva licitación. 


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